La discusión salarial que Panamá necesita: una invitación a mirar más allá del decreto

La revisión del salario mínimo cada dos años se ha vuelto un debate rutinario que rara vez aborda las causas reales del problema. Mientras los trabajadores señalan el alto costo de la vida y los empleadores advierten sobre la pérdida de empleos, especialmente en las MIPYMES, miles de panameños siguen atrapados entre ambos argumentos. La realidad es que el salario impacta en la vida diaria de los trabajadores y en la de las empresas que deben sostener empleos en un contexto económico cada vez más desafiante. Si de verdad aspiramos a mejorar el poder adquisitivo, a vidas dignas y a más oportunidades para todos los panameños, necesitamos una conversación más profunda, actual y alineada con la realidad laboral del país.

Hoy, casi el 50% de la población ocupada no agrícola está en la informalidad, es decir, no tienen contratos de trabajo, por ende, no cotizan en la CSS, tienen acceso limitado al crédito bancario y finalmente su jubilación será más precaria. De acuerdo con datos del INEC cerca del 29% de los asalariados privados se encuentran dentro del rango del salario mínimo, mientras que el 71% restante percibe ingresos superiores. Esto sugiere que el salario mínimo no soluciona el problema del alto costo de la vida, sino que parte de la ruta hacia mejores ingresos es facilitar la transición hacia la formalización.

Esta realidad no le resta importancia al proceso de revisión; por el contrario, evidencia la necesidad de complementarlo con una reflexión más integral sobre cómo elevar el bienestar de los trabajadores de manera sostenible. La comisión de salario mínimo fue diseñada hace casi medio siglo para un país que era profundamente distinto. Hoy enfrentamos nuevas dinámicas laborales marcadas por la digitalización y automatización, competencia de países vecinos por atraer empleo a sus naciones, el trabajo por servicios profesionales, emprendimientos, y una informalidad que crece año tras año. Por ello, hablar sólo del salario mínimo no es suficiente para garantizar una mejor calidad de vida.

Otro elemento que debe incorporarse al debate —y que realmente puede mejorar la calidad de vida— es la reducción de los costos que enfrentan los ciudadanos. Ante la ausencia de servicios públicos de primer nivel, las familias deben destinar una parte considerable de sus ingresos para cubrir necesidades básicas. Con una gestión pública eficiente en salud, agua potable, movilidad, educación de calidad y acceso a alimentos a bajo costo, el costo de la vida disminuiría sustancialmente, aliviando la presión sobre los presupuestos familiares. Por eso, la necesidad de contar con servicios públicos eficaces es hoy más urgente que nunca.

El país necesita avanzar hacia condiciones que permitan que más panameños ganen mejor no por decreto, sino porque se reconoce su talento, sus habilidades y su productividad. La evidencia respalda esta reflexión. Los trabajadores con menor nivel educativo se concentran en los rangos de salarios más bajos, mientras quienes cuentan con formación técnica o universitaria tienen una probabilidad significativamente mayor de superar los B/. 600 mensuales.

Según los datos del INEC, más del 83% de quienes no han completado estudios formales y casi el 70% de quienes solo cuentan con primaria se ubican dentro del rango del salario mínimo, mientras que el 88% de quienes ganan más de B/. 600 poseen formación universitaria o técnica superior, confirmando que la educación es la vía más efectiva para acceder a mejores salarios y a movilidad social real. Por ende, una parte importante de la discusión debe centrarse en elevar el estándar y calidad de la educación en escuelas oficiales. Desatender a los estudiantes de hoy sería condenarlos a la informalidad y desempleo en el futuro.

La literatura económica moderna y las recomendaciones de organismos como el BID, el Banco Mundial, CEPAL y la OCDE son claras: los salarios crecen de manera sostenible solo cuando crece la productividad de un país. El sector empresarial debe elevar la inversión en capital humano, en formación continua y en tecnología, lo que permiten generar más valor y, como resultado, mejores remuneraciones. Los países que han logrado elevar los ingresos laborales lo han hecho fortaleciendo simultáneamente a sus sistemas educativos y al tejido empresarial.

En Panamá, esto implica acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas —que representan más del 90% del tejido productivo— en un proceso de tecnificación, formalización y capacitación que les permita sostener mejores salarios sin poner en riesgo su propia viabilidad. Todo esto debe complementarse con un ecosistema público coherente, donde la educación básica tenga calidad, donde la formación técnica responda a las demandas del mercado y donde cada panameño pueda desarrollar las capacidades que le permitan avanzar.

 

Cuando evaluamos el mercado laboral sin dogmas, queda claro que la discusión del salario mínimo, aunque necesaria, no puede ser la única herramienta para mejorar la calidad de vida. Panamá necesita apostar por que más trabajadores puedan ganar por encima del mínimo gracias a sus habilidades, a su competitividad y al valor que aportan. Es un objetivo realista y alcanzable si alineamos educación, productividad e inversión estratégica en capital humano. Como país debemos preguntarnos cómo creamos las condiciones para que ese ascenso salarial sea la norma y no la excepción. No se trata de desestimar la revisión legal, sino de complementarla con una visión más amplia que atienda los desafíos de fondo.

Desde APEDE reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores panameños. Creemos profundamente que salarios más altos, mayor estabilidad y oportunidades reales de crecimiento son la ruta para el progreso del país. Por lo que las políticas públicas deben ser responsables, técnicas y sostenibles para evitar efectos adversos en el empleo, especialmente en las MIPYMES. Este sector ya enfrenta aumentos importantes en su carga laboral, como las alzas programadas de la cuota patronal de la Caja de Seguro Social e incertidumbre económica. La voluntad de diálogo existe en la mesa tripartita, pero como país debemos dar un paso más allá y preguntarnos qué modelo de desarrollo queremos impulsar para que más panameños puedan prosperar.

Panamá necesita avanzar hacia un mercado laboral moderno, productivo, competitivo y justo. Un país donde la educación permita ascender, donde la formalidad sea atractiva, donde la productividad impulse mejores salarios y donde el trabajador sea reconocido por el valor que crea. Esa es la conversación que debemos promover, con empatía, responsabilidad y visión de futuro. Y desde APEDE seguiremos impulsándola.

 

*Giulia De Sanctis*

*Presidenta Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa*