La Voz de APEDE : Lo que nos dejó 2025 y lo que Panamá no puede postergar en 2026

Si algo nos deja el 2025 es una sensación compartida: no vivimos “un año”, vivimos una década condensada. Demasiados hechos, demasiada tensión, demasiadas lecciones. Pero también nos deja una certeza que no debemos perder de vista: Panamá puede salir adelante cuando enfrenta la realidad sin negarla, cuando dialoga y cuando construye consensos.

Fue un año marcado por decisiones complejas y fracturas sociales que no debemos normalizar. La aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social se dio en medio de tensiones que evidencian una debilidad persistente: nos cuesta dialogar antes de llegar al desgaste. El país no puede seguir resolviendo los temas estructurales desde la confrontación; necesitamos evidencia, escucha y acuerdos oportunos.

El 2025 también estuvo condicionado por un entorno internacional retador. El giro de la agenda de Estados Unidos y su impacto en la región obligó a Panamá a navegar con mayor cautela sus prioridades estratégicas. Se firmaron instrumentos que generaron preocupación en amplios sectores, pero el país demostró madurez institucional y diplomática. Panamá sigue siendo soberano y el Canal es de Panamá. No es un eslogan: es identidad, historia y futuro.

En lo económico, el balance es más alentador de lo que muchos anticipaban a inicios de año. Tras meses difíciles marcados por protestas y afectaciones reales —especialmente en Bocas del Toro, donde el empleo y las exportaciones sufrieron impactos severos— la economía mostró capacidad de recuperación.

Al tercer trimestre de 2025, el PIB real creció 3.9% interanual, y en el acumulado enero–septiembre el crecimiento alcanzó 4.2%, superando el ritmo del año anterior. Estas cifras permiten proyectar un cierre de año cercano al 4–4.5%, en un contexto todavía desafiante.

Este dinamismo estuvo impulsado principalmente por el Canal de Panamá, el transporte y la logística, el turismo, el sector financiero y el comercio. Sin embargo, el crecimiento fue desigual. Actividades como la agricultura y algunas ramas industriales mostraron retrocesos importantes, reflejando una economía que avanza, pero no de manera homogénea, y donde las brechas territoriales y sectoriales siguen siendo una tarea pendiente.

Y aquí es donde debemos ser claros: el crecimiento no basta si no se siente en la vida cotidiana. Si el ciudadano no percibe empleo formal, oportunidades reales, servicios públicos que funcionen y un Estado que responda con eficiencia y humanidad, el crecimiento se queda en la estadística y no se convierte en bienestar. Por eso, si el 2025 nos dejó lecciones, el 2026 nos exige decisiones.

La primera es enfrentar, sin excusas, el binomio que más golpea a las familias: desempleo e informalidad. La informalidad no es una abstracción económica; es el emprendedor atrapado en trámites interminables, la trabajadora independiente que no factura porque nadie se lo exige, el ciudadano que no se inscribe en la CSS porque el sistema resulta complejo, costoso o poco amigable. Formalizarse sigue siendo más difícil de lo que debería, y el Estado tiene la responsabilidad de simplificar, digitalizar, acompañar y, también, fiscalizar con criterio.

La segunda decisión impostergable es recuperar la confianza en lo público. Esa confianza no se reconstruye con discursos, sino con reglas claras, resultados medibles y un combate frontal contra la corrupción. En este sentido, el Proyecto de Ley 291 —Ley General Anticorrupción— representa una oportunidad concreta para fortalecer la institucionalidad. No debatirlo ni aprobarlo enviaría un mensaje peligroso: que la impunidad sigue teniendo espacio. Y cuando la impunidad se normaliza, se debilita el Estado, se encarece el financiamiento y se compromete el desarrollo.

La tercera decisión es asumir que Panamá necesita proyectos estratégicos, pero ejecutados con responsabilidad, transparencia y reglas claras. En 2026 seguiremos abordando debates complejos como el de la minería, frente al cual APEDE ha mantenido una posición seria y coherente. El cierre de la mina tuvo impactos económicos y sociales reales, particularmente en provincias del interior como Coclé. Su reapertura tendría efectos positivos en la economía, las finanzas públicas y el empleo, siempre que se cuente previamente con los resultados de la auditoría integral actualmente en curso.

En contraste, proyectos como Río Indio reflejan lo que significa planificar con visión país: garantizar agua para el Canal y para la población, respetando derechos y acompañando socialmente a las comunidades impactadas. El desarrollo no puede imponerse; debe construirse con transparencia y sostenibilidad.

Finalmente, el 2026 debe consolidar la cultura del consenso. El acuerdo alcanzado en la mesa de salario mínimo, con todas sus diferencias, demostró que el diálogo basado en la realidad económica es posible. Cuando empleadores, trabajadores y Estado se sientan a negociar con responsabilidad, gana Panamá.

Desde APEDE seguiremos insistiendo en una ruta clara: Panamá no se rescata con extremos. Se construye con instituciones fuertes, ética pública, políticas que reduzcan la burocracia, una economía que genere empleo de calidad y un Estado que mida resultados y rinda cuentas.

El 2025 nos dejó cicatrices, pero también lecciones claras. El 2026 tiene que ser el año en que pasemos del conflicto a los acuerdos, de la desconfianza a la construcción y de la informalidad a las oportunidades. Un año donde el progreso se sienta en la calle, en el trabajo y en los hogares panameños.

*Giulia De Sanctis*

Presidenta Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa