APEDE solicita al Presidente vetar el Proyecto de Ley 226 y garantizar un apoyo sostenible a los jubilados

 La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) solicitó formalmente, mediante una carta dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, vetar el Proyecto de Ley No. 226 y devolverlo a la Asamblea Nacional para una revisión técnica, económica y jurídica, acompañada de una consulta amplia.

APEDE reconoció que la atención de los jubilados, pensionados y adultos mayores debe ser una prioridad nacional, especialmente para quienes enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades esenciales debido al incremento del costo de vida, los gastos de salud y la insuficiencia de algunos ingresos de jubilación.

“Quienes dedicaron décadas de trabajo al desarrollo de Panamá merecen vivir esta etapa con dignidad, seguridad y acceso efectivo a los bienes y servicios que necesitan. Nuestro llamado busca que los beneficios dirigidos a esta población sean justos, sostenibles y prioricen a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad”, afirmó Alberto López Tom, presidente de APEDE.

La Asociación advirtió que el proyecto, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 16 de junio de 1987, amplía descuentos obligatorios en diversas actividades económicas, cuyo costo recaería principalmente sobre las empresas y los prestadores de servicios.

Según APEDE, una medida de esta naturaleza requiere un análisis integral que determine cómo se financiarán los beneficios y quién asumirá efectivamente su costo. Dependiendo de cada actividad, este podría ser absorbido por las empresas, trasladado a los precios o distribuido entre los consumidores.

El impacto podría ser especialmente significativo para las micro, pequeñas y medianas empresas, que operan con márgenes reducidos y menor capacidad para asumir nuevas cargas. La Asociación también señaló que una obligación uniforme puede tener efectos distintos sobre una gran empresa, un pequeño establecimiento, una actividad regulada o un negocio con altos costos operativos.

APEDE sostuvo que la solidaridad y la sostenibilidad deben avanzar de manera conjunta. Por ello, propuso evaluar créditos fiscales u otros mecanismos de compensación tributaria que permitan a las empresas recuperar total o parcialmente el costo de los descuentos, evitando que el financiamiento de esta política social recaiga desproporcionadamente sobre determinados sectores o termine trasladándose a los consumidores.

También planteó priorizar los beneficios para los jubilados y pensionados de menores ingresos y analizar alternativas complementarias, como subsidios focalizados, programas de medicamentos y salud, tarifas sociales y esquemas de aportes compartidos a quienes verdaderamente estén en estado de necesidad y no simplemente por razón de edad.

La Asociación solicitó que la revisión del proyecto incluya la participación de representantes de jubilados y pensionados, autoridades, sector privado, consumidores y especialistas en políticas sociales y económicas. Este proceso permitiría cuantificar el impacto de la iniciativa, establecer fuentes de financiamiento sostenibles y asegurar que los apoyos puedan mantenerse en el tiempo.

APEDE reiteró que su solicitud de veto no busca limitar los beneficios destinados a los adultos mayores, sino contribuir a una solución equilibrada, transparente y sostenible en el tiempo, que atienda efectivamente sus necesidades, sin comprometer el empleo, la sostenibilidad de las empresas ni el bienestar de los consumidores.