APEDE y la Comisión Interministerial dialogan sobre el futuro de Minera Panamá

La viabilidad de una nueva relación con la empresa, para lograr un cierre ordenado de la mina, sin costos para el país ni para los panameños, con estricta supervisión ambiental y beneficios verificables para las comunidades fueron algunos de los principales planteamientos expuestos durante el encuentro entre los tres ministros de Estado que conforman la Comisión Interministerial y más de 90 miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

Los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; y Juan Carlos Navarro, de Ambiente, presentaron las recomendaciones de la Comisión Interministerial sobre la situación de la mina y respondieron inquietudes de la membresía sobre sus implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas.

Los tres ministros aclararon que las recomendaciones están pendientes de una decisión del presidente de la República. La propuesta contempla evaluar la viabilidad de una nueva relación con la empresa minera que permita resolver los procedimientos arbitrales sin riesgos para el país, generar los recursos necesarios para el sostenimiento del sitio y financiar su cierre definitivo, mediante un período de operación delimitado y sin prórrogas.

Moltó explicó que la Comisión estableció seis criterios fundamentales: acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia; preservar la propiedad del Estado sobre los recursos minerales; evitar costos fiscales para los panameños; garantizar transparencia e información verificable; priorizar a las comunidades afectadas y; contar con supervisión independiente que garantice el cumplimiento de los mejores estándares internacionales.

Durante el período de preguntas y respuestas, el titular de Comercio e Industrias señaló que el instrumento jurídico de una eventual relación con la empresa deberá respetar el fallo de la Corte y la legislación vigente. Precisó que no se plantea un nuevo contrato ley ni una concesión minera, y que la definición del mecanismo dependerá de la autorización presidencial y de las conversaciones que puedan desarrollarse.

Moltó también subrayó que los posibles beneficios deben traducirse en mejoras concretas para las poblaciones cercanas, especialmente en empleo, carreteras, electricidad y salud. Advirtió que transferir recursos a los municipios no garantiza por sí solo la ejecución de obras, por lo que será necesario fortalecer la capacidad de estructurar proyectos y verificar sus resultados.

Por su parte, Chapman expuso la magnitud financiera y técnica del cierre. Como referencia para explicar su impacto, utilizó una estimación de alrededor de $3,000 millones, y señaló que asumir ese costo con recursos públicos implicaría importantes presiones sobre el presupuesto, el endeudamiento y otras inversiones del Estado.

El ministro de Economía y Finanzas indicó que la alternativa recomendada busca generar recursos suficientes para financiar el cierre, el saneamiento ambiental y una supervisión de primer nivel, junto con una solución a los arbitrajes. Explicó que los plazos dependerían de factores como el precio del cobre, pero insistió en que cualquier esquema deberá tener una fecha de terminación y producir ingresos para Panamá superiores a los previstos en el contrato declarado inconstitucional.

Desde la perspectiva ambiental, Navarro enfatizó que la suspensión de operaciones no equivale a un cierre técnico y que el sitio requiere atención permanente de los tajos, los relaves y las aguas. Sostuvo que cualquier alternativa debe incorporar los más altos estándares ambientales, participación comunitaria, vigilancia de la ciudadanía y un fondo para financiar el cierre desde el primer año.

El titular de Ambiente planteó, además, reducir significativamente la huella del proyecto y presentó la propuesta de destinar $100 millones anuales a un fideicomiso ambiental, sujeto a las decisiones y acuerdos que puedan alcanzarse. Según explicó, este mecanismo permitiría apoyar la protección de parques nacionales, biodiversidad y cuencas hidrográficas, así como la restauración de áreas degradadas y programas que generen oportunidades en las comunidades rurales.

El intercambio permitió a los miembros de APEDE plantear preguntas sobre seguridad jurídica, transparencia, destino de los posibles ingresos y continuidad de los compromisos entre administraciones futuras.

El encuentro abrió un espacio de diálogo directo sobre un asunto de alto impacto nacional, con énfasis en la necesidad de contar con información verificable y evaluar de manera integral sus consecuencias para el ambiente, las comunidades y la economía.

“Estos espacios de diálogo son fundamentales para evaluar las alternativas sobre la mina con información verificable y criterios objetivos, técnicos y científicos, sin dejarnos llevar por emociones o relatos sin sustento. Estamos ante una decisión trascendental para el futuro de Panamá, que exige transparencia, responsabilidad y una evaluación integral de sus efectos en el ambiente, las comunidades y la economía”, expresó Alberto López Tom, presidente de APEDE.